Casos de corrupción

ATU no publica todas las denuncias que le llegan normalmente para proteger a los propios denunciantes de las posibles represalias. ATU estudia la viabilidad de las denuncias, los efectos de las mismas, las iniciativas posibles de ayuda a los afectados y, previa consulta/autorización, propone una iniciativa para cada caso. En la actualidad nuestra web con las denuncias está en la página corruptio.com

Esta página recoge más de 200 casos denunciados, pero tenemos pendientes de publicación/investigación casi dos centenares más, por lo que toda ayuda será bien recibida.

Todos los casos denunciados a ATU se contrastan con las personas citadas y las correspondientes autoridades académicas. En los casos que se analizan mediante referencias a otras fuentes documentales o medios de comunicación, se incluyen las referencias a dichas fuentes.

La web de corruptio.com fue creada en el año 2006, cuando se constituyó la Plataforma contra la corrupción y el acoso en la universidad pública, después de los congresos sobre corrupción y acoso organizados en la universidad en 2002 y 2006. Dicha Plataforma se constituyó en Asociación de Transparencia Universitaria (ATU) a finales de 2011.

Desde el año 2002 se están denunciado los casos de corrupción y  acoso en la universidad pública por parte de los miembros de ATU, sin ningún apoyo económico de ninguna universidad, institución pública o privada.


Jorge Lirola Delgado: Sancionado con 4 años y 3 meses por denunciar ilegalidades en la convocatoria de una plaza

Una profesora en la Universidad de Almería pidió que se convocara a concurso público una plaza de catedrático y propuso ella misma, que se iba a presentar, el perfil de la plaza, el equivalente a las preguntas de las oposiciones, y le pidió a algunos catedráticos que estuvieran en el Tribunal que había de resolver la plaza. Algunos no aceptaron y otros sí. Los que estuvieron de acuerdo son a los que nombró el Rector, Pedro Molina, quien, previamente, dejó de aplicar los Estatutos de la Universidad y, en su lugar, aplicó un reglamento, de rango inferior, que le daba más poder para garantizarse que quien consiguiera la plaza contara con su beneplácito.

Al considerar que las ilegalidades estaban probadas, Jorge Lirola presentó una denuncia por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias ante la Fiscalía de Almería. El denunciante le dio mucha publicidad a su denuncia para tratar de que no se dejara pasar y no se archivase de plano, pero eso fue lo que hizo el Fiscal Jefe, Antonio Pérez Gallegos, sin investigar los hechos.

Mientras tanto, el Rector, Pedro Molina, decidió abrirle un expediente al Profesor Lirola por trato irrespetuoso con un superior (él mismo) y encargó de su instrucción al Inspector de Servicios y al Director del Secretariado de Deportes, ambos nombrados anteriormente para sus cargos por el propio Rector. Éste desestimó la recusación hecha por Lirola contra los instructores, y el Consejo de Gobierno de la Universidad, formado en su mayor parte por personas nombradas por el Rector, no aceptó la recusación formulada contra el Rector para que no actuara como juez y parte.

La Junta de Personal dio amparo al Profesor y pidió al Rector que no actuara hasta que se contara con un informe de un experto jurídico independiente, externo a la Universidad, pero el Rector no hizo caso y aceptó la propuesta de los instructores de sancionar al Profesor con 4 años y 3 meses de suspensión de empleo y sueldo por un presunto trato irrespetuoso con un superior (el propio Rector).

Jorge Lirola, suspendido de empleo y sueldo, interpuso un contencioso-administrativo y solicitó la suspensión cautelar, basada en perjuicios irreparables y daños a terceros (dirigía un proyecto de investigación en el que intervenía gran número de investigadores). El juez Antonio Luis García Valverde no concedió la suspensión cautelar, basándose en la afirmación del Rector de que los daños eran solo económicos y no eran irreparables y un informe del Vicerrector de Investigación, José Luis Martínez Vidal, en el que afirmaba que el proyecto se estaba realizando y se haria sin su director. Pese a que los miembros del proyecto le indicaron al juez que era falso y no se podría hacer el proyecto sin el Prof. Lirola, el juez no concedió la suspensión cautelar, si bien el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le quitó la razón al juez y la concedió tras transcurrir casi un año desde que el Profesor había sido sancionado.

Mientras tanto, Jorge Lirola públicamente denunció que consideraba lo hecho por el Fiscal Jefe una temeridad al no investigar los hechos, aparte de una falta de profesionalidad, y llegó a plantearle que actuara contra alguien: contra el Rector, de ser cierta la denuncia, o contra él, si consideraba que era falsa al ser un delito formular falsas denuncias. Pero el Fiscal preferió no hacer nada, escondiéndose incluso cuando Lirola pasaba jornadas de 9 a 14 delante de su puerta esperando a ver si lo recibía. Nunca se ha dignado a recibirlo, pese a su insistencia.

Lirola denunció su caso como acoso laboral ante el Ministerio de Trabajo, al saber que uno de los casos típicos era el de represión a un trabajador por formular denuncias contra un superior, y allí le contestaron que era la propia Universidad (es decir, alguien nombrado por el Rector) quien tenía que resolver sobre la situación de acoso y que daban traslado de su denuncia a la Universidad. No ha recibido ninguna otra respuesta.

Por otra parte, Lirola intentó matricularse en la Universidad, asistiendo a clases, pero el Vicerrector de Estudiantes, José Guerrero Villalba, apurando plazos, desestimó su solicitud de matrícula argumentando que, al ser profesor de la Universidad, no podía matricularse. Lo curioso del caso es que se le impedia reunirse con cualquier instancia universitaria arguyendo que ya no era profesor de la Universidad, sin poder tampoco sacar libros de la Biblioteca, entre otras muchas prohibiciones.

Dos años y medio después de ser sancionado se juzgará su caso, aunque mientras tanto, Jorge Lirola ha emprendido diversas querellas conducentes a que la indemnización que estima que se le habrá de pagar algún día por estar suspendido de empleo y sueldo durante casi un año, aparte de por los graves perjuicios ocasionados, no sea abonada por la administración, sino por los que verdaderamente le han causado el daño y se han escudado en las Instituciones para hacerlo.

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