La Educación Universitaria no es un Negocio

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La Comunidad de Madrid propone una ley de universidades que invade la autonomía universitaria y dará un golpe definitivo a las Universidades Públicas de Madrid

Se está preparando un Proyecto de Ley que incluye propuestas lesivas para las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.
El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, se reunió en julio con los Rectores de las universidades públicas para tratar esta normativa y les presento un resumen de ocho páginas con poca concreción. El documento definitivo tendrá 250 artículos y llevará el nombre de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia. El borrador de ley no ha contado con la comunidad afectada, representada por (rectores, sindicatos y estudiantes) y la intención es presentarla para su aprobación a finales de 2024.

La futura ley abre la puerta entre otras cuestiones, la mercantilización de los estudios superiores, a la sanción de la protesta estudiantil o a la firma de conciertos y subvenciones para la FINANCIACIÓN pública de las UNIVERSIDADES PRIVADAS, que son instituciones con ánimo de lucro. Se detrae dinero de las Universidades Públicas y se subvenciona a las Privadas para que hagan negocio.

En cambio plantea una financiación de las Universidades Públicas del 70%, para gastos de personal y de funcionamiento en la formación Docente de sus estudiantes, pero no garantiza que la financiación básica se cubra, incluida la investigación estructural. El otro 30% han se obtenerlo incrementando las tasas universitarias, ofertando títulos propios, convenios con empresas, proyectos, etc. que aumentan la dependencia de ámbitos privados de escaso o nulo interés científico.
Esto supone un recorte muy importante, cuando la financiación actual no cubre los gastos de Personal, mantenimiento de infraestructuras, laboratorios, etc. Actualmente, cinco de las seis universidades públicas están con déficit como consecuencia de esos recortes en investigaciones, becas y diversas actividades académicas. La comunidad de Madrid tiene los precios de matrícula más altos. El Consejero de Educación, Ciencia y Universidades adelanto a los sindicatos que la ley, «irá acompañada de un incremento presupuesto de cero euros”, a pesar de la creciente infrafinanciación. Esta política universitaria es contraria a la autonomía e independencia académica de las universidades públicas, y favorece áreas de estudio con mayor rentabilidad económica en detrimento de otras muy importantes para la cultura de este país.

Las universidades públicas madrileñas son las peor financiadas, su inversión por alumno ronda el 71% de la media nacional y es la más baja de todas las comunidades.
En consecuencia no se podrán bajar las tasas académicas, dificultando así los estudios universitarios y cercenando el principio de igualdad de oportunidades. La educación superior será“SOLO PARA ÉLITES ECONÓMICAS”y supone la privatización enmascarada al tener las universidades que mercantilizarse para completar sus presupuestos. A los estudiantes que no tengan recursos familiares solo les queda endeudarse con créditos a devolver en mucho tiempo u olvidarse de los estudios universitarios. La EDUCACIÓN UNIVERSITARIA SE CONVIERTE EN UN NEGOCIO.

Esta nueva ley va contra la LOSU, Ley Orgánica del Sistema Universitario, estatal, pretendiendo nombrar un Interventor para la Universidad, quitar al Rector la potestad de elegir al Gerente y regular aspectos que ya están en la Ley estatal o que son del ámbito de la negociación colectiva, lo que supone una ilegalidad.
En una COMUNIDAD AUTÓNOMA UNIPROVINCIAL, con seis universidades públicas, que no crecen desde 1996, ASISTIMOS A UNA EXPANSIÓN DE LAS PRIVADAS que son ya 13 y pronto 15, proliferando Centros adscritos a universidades, como el de la U. Católica de Murcia en Torrejón de Ardoz.

La proposición de Ley no nace de una necesidad para mejorar la calidad, ni la investigación, ni llegar a su pretendida excelencia, ni por supuesto mejorar la financiación, ni rendición de cuentas, tiene como objetivo su controversia política con el Gobierno Central. Con estas políticas pierden los ciudadanos madrileños.
El borrador de Ley del Gobierno de la Comunidad pretende establecer un Régimen Sancionador contra la libertad de expresión y opinión de los Estudiantes en los campus universitarios, con sanciones leves, graves o muy graves. Los rectores han hecho llegar una respuesta muy crítica de 18 páginas al consejero Emilio Viciana y le recuerdan la Ley de Convivencia Universitaria de 2022, donde están previstas sanciones y el Estatuto Básico del Empleado Público de 1986 para el personal de las universidades.
Todo el Personal Docente e Investigador, Estudiantes y Personal de Administración y Servicios, tenemos que OPONERNOS frontalmente contra este Proyecto de Ley, expresando su RECHAZO en Asambleas, Departamentos, Juntas de Facultad y de Escuelas, Claustros Universitarios y Consejos de Gobierno de nuestras Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.

CUPUMA (Coordinadora de las Universidades Públicas de Madrid)

En defensa de las Universidades Públicas

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Universidad de Salamanca

EN DEFENSA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Los Rectores de las Universidades Públicas de Madrid se reunieron en un Acto el pasado 17 de abril, para resaltar la importancia de las mismas en nuestra sociedad.
Destacaron la adaptación de los diferentes estudios que se imparten y su oferta, a los cambios sociales y tecnológicos, la relevancia de la investigación en la Universidad, que supone el 70% de toda la investigación, y la transferencia tecnológica tan importante para el desarrollo de nuestras empresas.
Las Universidades Públicas son fundamentales para que todos los que tengan capacidades puedan acceder a sus estudios, independientemente de su capacidad económica y por tanto debe tenerse en cuenta en los precios de las matrículas universitarias, así como en las becas. Los préstamos privados no son la solución; son una carga y su implementación en los tiempos del denostado Ministro José Ignacio Wert en 2014, han sido un fiasco.
Nuestro país invierte en becas, medido en porcentaje de PIB, menos de la mitad de la media de los países de la Unión Europea. Además, si comparamos el gasto público en educación superior de España con la media de la UE, comprobaremos que el gasto medido en porcentaje del PIB está muy por debajo.
La inversión máxima en educación superior, alcanzada en 2010, ascendió al 1,17 por ciento del PIB. Es decir, nuestros máximos han estado por debajo de la media habitual de la OCDE y de la Unión Europea (1,26%).
El Presupuesto que la Comunidad de Madrid asigna a las Universidades Públicas es un 15% menor que en 2010. Con esta FINANCIACIÓN no se cubren los gastos de Personal, ni por supuesto los gastos de mantenimiento de infraestructuras, ni de nuevas necesidades, provocando un grave deterioro en el buen funcionamiento de estas Universidades.
La Comunidad de Madrid es la responsable de sus Universidades Públicas, por tanto su deber es vigilar su buen funcionamiento, la calidad de las mismas, y de que cumplan con su labor social encomendada.
Pero nuestra Comunidad, lleva una política totalmente contraria, haciendo que cada vez tengan peores condiciones en todo. El único crecimiento desmesurado que se ha producido es el de las universidades privadas, alentado por la estrategia de demolición de la educación pública. Madrid se ha convertido en la autonomía con más centros de estudios superiores privados de todo el Estado, con 13 centros universitarios privados ubicados en la región. Una cifra excesiva si se compara con el número de alumnos que realizan sus estudios en la comunidad, situado alrededor del 21%.
Está bien que los Rectores se reúnan en un acto no académico desde 2004, pero no pueden ser tan tibios y tenues en la defensa de sus Universidades. Deben ejercer el cargo con toda su responsabilidad y mayor contundencia, denunciando la política educativa (universitaria) de la Comunidad de Madrid para acabar con las Universidades Públicas.
Tienen que exigir una FINANCIACIÓN SUFICIENTE y acorde con el trabajo desarrollado en las Universidades Públicas y su repercusión en esta Comunidad.
Es necesario que los Rectores de las universidades Públicas madrileñas muevan todos los resortes para que la Comunidad de Madrid asuma su responsabilidad.
CUPUMA Coordinadora de las Universidades Públicas de Madrid

Continúa la represión al Prof. Lirola, miembro de ATU, por denunciar la corrupción universitaria

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En su momento, ATU denunció el expediente que abrieron a uno de sus miembros más activos, el Prof. Lirola (https://atuspain.es/wordpress/?p=528), que llevó a una durísima sanción de suspensión de empleo y sueldo de 3 años y 2 meses por, supuestamente, haber acosado a una superior, desobedicencia a un superior (el vicerrector D. José Joaquín Céspedes, que trató de eximir caprichosamente a la profesora supuestamente acosada de impartir docencia), perturbación del servicio y desconsideración con superiores (entre ellos el mismo rector, que hace de juez siendo parte).

Terminábamos el artículo de denuncia refiriéndonos a la indefensión del Profesor Lirola por parte de las autoridades de la Universidad de Almería. A esa indefensión parece querer unirse ahora la jueza que habrá de resolver el caso, al no haber aceptado a la mayoría de los testigos para probar que no merece las sanciones, sino que se trata de un acoso y derribo contra él. Véase: https://1001denuncias.blogspot.com/2021/06/la-jueza-ana-farinas-gomez-trata-de.html?fbclid=IwAR3DP7sJhwHve2sOJsOFRSfS70GLI5k3YjvVwsSRmsf6DSrb-c_-Va-88bk

¿Por qué será que en España a quien denuncia la corrupción tratan de defenestrarlo? Ha sido necesario que se haga una DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, a la que ha pedido acogerse el Profesor Lirola. ¿Se le aplicará?

Asociación de Transparencia Universitaria (ATU)

AHORA O ¿NUNCA?

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CUPUMA (COORDINADORA UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE MADRID) INFORMA

La Universidad lleva ya demasiado tiempo, discutiendo sobre cuál debe ser su modelo. Sus máximos responsables hacen declaraciones defendiendo el modelo de servicio público, pero el comportamiento  del actual Gobierno en funciones, y las propuestas de la CRUE, no permiten la menor duda al respecto: defienden la privatización de la universidad, aunque discrepen respecto a la velocidad con la que se debe transitar por el camino para alcanzar el objetivo.

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ATU INFORMA

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ATU, Asociacion de Trasparencia Universitaria no recibe subvenciones publicas ni tiene  cuotas de afiliados. No recibe financiación de ninguna otra entidad. En el momento en que esa situación varíe,  ATU dará las informaciones pertinentes.